No se puede poner en duda la necesidad creciente de energía que requiere nuestra nación, dicha necesidad está unida a la mantención de los actuales niveles de desarrollo y es fundamental para permitir el desarrollo económico y social de nuestra comunidad nacional.

Esta exigencia debe ser abordada con anticipación por los gobiernos, dado el tiempo que requiere la concepción y ejecución de este tipo de proyectos.  Sin embargo, la planificación del desarrollo energético supone considerar  costos en su implementación entre los cuáles no resultan menores, aquellos relacionados con aspectos sociales y medioambientales.

A este respecto, los gobiernos de la concertación elaboraron una institucionalidad ambiental que busca el “desarrollo sustentable”, concepto que implica desarrollo económico con el mínimo impacto ambiental posible, pero que no impidió el latrocinio escandaloso que cometió la presidente Bachellet en los últimos meses de su mandato en connivencia con abogados de derecha entre los cuáles se contó al actual Ministro del Interior; nos referimos al caso de AESGENER en Puchuncaví.

Tal “institucionalidad ambiental” nunca fue una garantía para defensa del medioambiente, como lo demostró el presidente Piñera al modificar con una llamada telefónica, las decisiones de instituciones ambientales más precarias que serias como fue el caso de Punta de Choros.

En el reciente caso del proyecto Hidroaysen, quienes tomaron la decisión de aprobarlo, son directa o indirectamente funcionarios que dependen del gobierno, por lo cual la decisión no sorprende.

Nos parece inaceptable que los estudios considerados no hayan tomado en cuenta toda la información disponible, teniendo presente sólo aquella información que era inocua para los partidarios de la aprobación.

 Resulta vergonzoso que las empresas beneficiadas hayan donado una importante cantidad de dinero a una fundación que dirige la esposa del presidente Piñera.

El argumento del gobierno en orden a justificar estos proyectos para satisfacer  las necesidades energéticas presentes y futuras es aceptable si este es coherente con el interés nacional; sin embargo, tal coherencia los chilenos la vemos  en función del interés empresarial, lo que queda de manifiesto con el generoso financiamiento de “Patagonia sin represas” por parte de empresarios concertacioncitas que quedaron sin “tajada” en este negocio, actuando como novias despechadas.

Los regionalistas rechazamos el proyecto Hidroaysen, porque consideramos que no considera todas las variables adecuadamente; porque es una burla a todos chilenos al escudarse en una “institucionalidad” necesariamente gobiernista; porque más que favorecer al desarrollo nacional contribuye a la consolidación de interesas empresariales apátridas.

Con la misma claridad con que rechazamos Hidroaysen, manifestamos nuestro rechazo por igual a la política gubernamental  y al ecologismo profundo y extremista con claras vinculaciones antinacionales.

Los regionalistas proponemos la discusión y aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo Energético, que considere en proporciones razonables los distintos tipos de energías, las tecnologías  adecuadas para el desarrollo social de las regiones y el interés del pueblo chileno en el mediano y largo plazo.  La discusión pública y trasparente es imprescindible para la validación de cualquier conclusión, que para mayor credibilidad no debiera realizarse en el Congreso Nacional, obsecuente y desprestigiado.

Guillermo Henríquez Alfaro