No se puede poner en duda la necesidad creciente de energía que requiere nuestra nación, dicha necesidad está unida a la mantención de los actuales niveles de desarrollo y es fundamental para permitir el desarrollo económico y social de nuestra comunidad nacional.

Esta exigencia debe ser abordada con anticipación por los gobiernos, dado el tiempo que requiere la concepción y ejecución de este tipo de proyectos.  Sin embargo, la planificación del desarrollo energético supone considerar  costos en su implementación entre los cuáles no resultan menores, aquellos relacionados con aspectos sociales y medioambientales.

A este respecto, los gobiernos de la concertación elaboraron una institucionalidad ambiental que busca el “desarrollo sustentable”, concepto que implica desarrollo económico con el mínimo impacto ambiental posible, pero que no impidió el latrocinio escandaloso que cometió la presidente Bachellet en los últimos meses de su mandato en connivencia con abogados de derecha entre los cuáles se contó al actual Ministro del Interior; nos referimos al caso de AESGENER en Puchuncaví.